Mas allá de toda intencion politica de esta noticia, es verdaderamente espantoso que esto suceda en nuestro país, nos sólo se quedan con el agua sino tambian cercan las rutas, cuando nuetsra constitucion es muy clara en cuando a la libre navegacion y circulacion...
En la Argentina hay 35 ríos, arroyos y lagos apropiados por terratenientes
Son empresarios locales y extranjeros que se adueñaron de recursos hídricos que deberían ser accesibles para todos los habitantes. Incumplen la ley y, muchas veces, recurren a la violencia. Los negocios privados y el caso de Corrientes.
Son apenas algunos ejemplos de los innumerables casos de
apropiación ilegal de recursos hídricos por parte de empresarios
argentinos y extranjeros que violan leyes provinciales y nacionales, y
pasan a ser “okupas” de escenarios naturales que deberían estar abiertos
al público. Así lo pudo comprobar Tiempo Argentino tras un relevamiento
en todo el país, que permitió detectar en ocho provincias 35 casos en
los que ríos, lagos, arroyos, costas y lagunas dejan de ser de todos
para ser de algunos pocos, que no prescinden de recurrir a la violencia
para obtener y conservar sus privilegios.
El artículo Nº 2.340 del Código Civil incluye a los mencionados
recursos como “bienes públicos”, es decir, que pertenecen a los
habitantes en general, lo que significa que no está permitido que sean
comprados, vendidos, ni transferidos. Sin embargo, lo que viene
sucediendo es justo lo contrario. También el artículo 2.639 del mismo
código sufre constantes incumplimientos. Esa cláusula indica que “los
propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la
comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino
público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal,
sin ninguna indemnización”. Es otra norma que pocos terratenientes
respetan.
En Córdoba, por ejemplo, sólo en 2009 la Dirección Provincial de
Agua y Saneamiento retiró 500 alambrados en las sierras chicas que
impedían el libre tránsito. En localidades serranas como Huerta Grande,
Villa Giardino o La Cumbre es frecuente ver espejos de agua dentro de
propiedades y hasta muros con candados que impiden el paso peatonal. En
2004, el gobierno cordobés colocó mojones en siete lagos que delimitaron
por primera vez lo público de lo privado, pero ese plan se frenó en
2007.
En la Patagonia la situación es aun más crítica. Es la región donde
existen más casos de grandes propietarios, la mayoría de ellos
extranjeros, copando espacios públicos. Uno de los más emblemáticos es
el del inglés Joe Lewis. En 2011, la justicia rionegrina le ordenó abrir
el camino público que atraviesa su mansión y llega hasta el Lago
Escondido. Lewis nunca acató el pedido.
Por su parte, el magnate textil Luciano Benetton se apropió de 15
kilómetros de la ruta provincial Nº 4, prohibiendo el acceso al río
Chubut y dejando al pueblo de El Maitén con una salida menos.
Otro tanto ocurre en Neuquén con la estancia La Primavera. Allí,
hace doce años que Ted Turner, dueño de la cadena CNN, mantiene a los
pobladores cautivos en sus propios campos. Uno de ellos es Miguel Lagos,
que para salir de sus tierras debía pedir permiso y sortear tranqueras
con candados y hasta un puente enrejado. Hoy, Lagos vive en Villa La
Angostura. “Me tuve que ir porque me hacían la vida imposible, pero
todavía siguen viviendo familias que para salir tienen que hacerlo de a
pie y esquivando una zanja de dos metros de profundidad que bordea el
terreno”, explicó Lagos a Tiempo. También agregó que “encadenaron el
acceso a los ríos Minero y Traful y nadie puede acceder, y al que lo
intenta lo corren a los tiros”.
En Santa Cruz los poderosos también parecen tener más peso que la
propia ley. Apellidos como Pérez Companc, Benetton, Menéndez Bethy y
Braun Menéndez figuran entre los poseedores de grandes estancias que
vedan el acceso público a espejos de agua como el lago Strobel, los ríos
Penitentes y Gallegos, y las lagunas Chica, Larga y Cóndor.
Oscar Nieddu, ex presidente del Club de Pesca y Tiro Fontinalis, de
Río Turbio, relató que “prácticamente ya no se puede pescar en ningún
lado de la provincia porque los que dicen quién pasa y quién no son los
guardias privados”. Tener el carné habilitante al día ya no alcanza.
“Hay muchos lugares que son públicos, pero como hay cotos de caza y
pesca privados, tenés que pagar para entrar –sostuvo Nieddu–. Y en
otros, directamente no pasás ya que sólo está permitida la entrada a
turistas extranjeros a los que le cobran hasta dos mil dólares por día.”
En igual sentido se expresó Ángel González, titular de la
Asociación Ríos Libres, entidad que brega por el derecho a acceder sin
restricciones a las costas de los cursos de agua. A su hijo de 30 años,
Cristian González, lo mataron de un balazo en el cuello el 30 de agosto
de 2006, mientras pescaba con un amigo en el río neuquino Quilquihue,
cerca del lago Lolog. Le disparó Horacio Calderón, custodio de un
complejo de cabañas, que fue condenado a 13 años y medio de prisión.
Gaspar Schroh, dueño de la cabaña que facilitó el arma, recibió dos años
y medio en suspenso. Hoy está en libertad.
En diálogo con este diario, Ángel González describió la gravedad de
una problemática que se repite en varios puntos de la Patagonia. “Los
privados no sólo se adueñan de los lagos y los ríos sino que también de
la vida de nuestro hijo por defender su negocio. La mayoría trabajan con
turismo internacional y le ofrecen el servicio completo de pesca, caza o
recreación. El cabañero no dejaba que la gente acampe ni pesque para
garantizarles exclusividad a sus clientes”, afirmó González.
Pero no sólo en el sur estas apropiaciones son moneda corriente.
También es muy frecuente en la zona del delta del Paraná, donde se
asienta uno de los humedales más importantes del planeta. Allí, la
modalidad es diferente pero los casos también se cuentan de a decenas.
El arroyo La Cruz, entre la localidad entrerriana de Victoria y la
santafesina de Rosario, fue cerrado por un empresario ganadero, cortando
por la mitad un enorme sistema de humedales con un endicamiento de dos
metros de altura. Cerca de allí, otro productor agropecuario clausuró un
arroyo navegable para poder llegar hasta su casa en 4x4.
Elba Stancich, coordinadora del Taller Ecologista Rosario, aseguró
que “se construyen terraplenes removiendo el suelo para la construcción
de un canal y a través de un sistema de bombas se regula el agua. Esto
significa cerrar arroyos, tapar lagunas y cerrar el paso a la gente que
estaba acostumbrada a ir a pescar a lugares de costa que hoy están
interrumpidos”.
En el sur de Entre Ríos la historia se replica. Allí, Pedro Pou, ex
presidente del Banco Central durante el menemismo, levantó un
megaterraplén del mismo largo que la autopista Buenos Aires-La Plata,
para evitar que las crecidas del río Gualeguaychú y Paraná inunden sus
propiedades. Otro tanto sucede en Corrientes, provincia paradigmática en
cuanto a la privatización del capital acuífero (ver aparte).
La treintena de casos que Tiempo pudo contabilizar en el mapa
argentino dan cuenta del accionar de empresarios nacionales y
extranjeros que se adueñan de recursos naturales públicos para
garantizar sus negocios. Sin dudas, hay muchos más. Y esto sucede a
cuatro meses de la reglamentación de la Ley de Tierras, que busca poner
fin a este tipo de especulación de los privados y a la complicidad de
los estados municipales y provinciales. <
El caso del vice de Clarín
Mucho se habla de las millones de hectáreas que están en manos
extranjeras, pero poco se dice de la batalla silenciosa que se está
librando por el acceso a un recurso vital y cada vez más escaso como es
el agua.
La provincia de Corrientes es emblemática en este sentido. Desde
hace dos años, el magnate húngaro George Soros viene regando 4200
hectáreas de cultivos de arroz con aguas del río Paraná, aprovechando
permisos precarios hechos a la medida de sus intereses.
En los Esteros del Iberá hace 25 años desembarcó la millonaria
francesa Madame Beaux, que en 2010 construyó una represa para regar 1000
hectáreas de arroz, pero nunca presentó el estudio de impacto ambiental
correspondiente. Por el uso de las aguas públicas, Beaux pagó menos de
seis pesos por cada hectárea sembrada.
Cerca de allí, el norteamericano Douglas Tompkins tiene más de 200
mil hectáreas. Y si bien Tompkins asegura que no tiene interés en hacer
uso comercial de la zona, hay quienes alertan acerca de la ubicación
estratégica de sus campos: están sobre el acuífero Guaraní, una de las
reservas de agua dulce más codiciadas del mundo.
En 2010, Tiempo Argentino reveló que, también en suelo correntino,
José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, planeaba adueñarse
del arroyo Ayuí para construir una represa en sociedad con Soros. Una
vez más, el objetivo era usufructuar un recurso público para garantizar
un negocio privado. El proyecto, que pretende inundar 8000 hectáreas y
eliminar 130 kilómetros de bosques en galería, ya fue desautorizado por
la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y frenado por la Corte
Suprema de Justicia.
Recursos hídricos
QUÉ DICE LA LEY
Según indica el artículo 2.340 del Código Civil argentino, están
comprendidos entre los bienes públicos “los ríos, sus cauces, y toda
otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés
general”, como “los lagos navegables y sus lechos”.
Extranjerización
Magnates
Soros, Benetton, Lewis y Turner se encuentran entre los varios
millonarios extranjeros que usufructúan recursos hídricos públicos en la
Argentina.
Fuente: Diario Tiempo Argentino
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