Más allá de la existencia de reservas de agua o del acceso a ella por parte de la población, hay otro debate muy interesante que existe en la actualidad: ¿el agua debe ser considerada un recurso natural, un bien común o un bien económico?. Tener claro este concepto es tener claro el posicionamiento sobre lo público y lo privado. Veamos qué dicen los especialistas al respecto en los siguientes textos:
¿Por qué bienes comunes? Por Javier Rodríguez Pardo*
La libertad es patrimonio de todos y “todos nacemos libres en dignidad y derechos”. La libertad es un bien común, como lo es el oxígeno que respiramos, el color de una flor, el sonido de una cascada, el silencio o el murmullo de un bosque, el viento, el cosmos, el pensamiento, la velocidad de la luz o la capa de ozono. En este sentido, el suelo, el subsuelo mineral, el glaciar, el agua, no son recursos naturales sino bienes comunes. Dicho de otro modo, las riquezas que habitan en la tierra no son recursos naturales, son bienes comunes. Referirse a ellos como recursos naturales es la primera forma de apropiación desde el lenguaje. Nadie tiene el derecho a recurrir a un recurso natural, apropiándoselo, enajenándolo. El derecho a recurrir a un recurso natural termina en el mismo instante en que ese recurso es también de otro, de otros. De manera que las riquezas que admiramos de la tierra y que denunciamos como propias en una acción extractiva, no son recursos naturales sino bienes comunes, que pertenecen a los comunes. Bienes y comunes componen un único ecosistema que se verá alterado al recurrir a él de manera posesiva, esgrimiendo una propiedad falsa, arrebatando del sitio a partes o a un todo que desequilibrarán el medio, el que seguramente se verá dañado o irreparablemente modificado, mutado. No aceptamos recurrir al recurso.
¿Quién admite que al recurrir al recurso no se vulneran dominios ajenos? ¿Y de quién o quiénes es entonces el recurso? ¿No será de los comunes? Si creemos que los recursos naturales son elementos que constituyen la riqueza o la potencia de una nación, qué mejor que la definición de esta última, tal como proviene del latín “natio”: “sociedad natural de hombres a los que la unidad de territorio, de origen, de historia, de lengua y de cultura, inclina a la comunidad de vida y crea la conciencia de un destino común”. Sus recursos pertenecen a ese destino común, a ellos y a las generaciones futuras.
Los bienes comunes no se hallan en venta, no son negociables, precisamente porque son comunes. Tampoco son públicos ni naturales por más que descansen en la naturaleza milenaria y estén al alcance depredador del público. El concepto de público (“total es público”), está virtualmente asociado a que “no es de nadie”, no al concepto de pertenencia de todo un pueblo (su verdadera pero malversada acepción), lo que habilita su uso irresponsable, descuidado, cuando no directamente depredatorio. Entonces preferimos hablar de bienes comunes, no de bienes públicos ni de bienes naturales. Se hallan en la naturaleza y por tanto se los quiere hacer aparecer como opuestos a los objetos artificiales creados por el hombre.
Reemplazar la expresión recursos naturales por la de bienes naturales contempla el error de considerarlos propiedad, están ahí, disponibles: naturales por artificiales. Los bienes comunes, en definitiva, trascienden a los bienes particulares.
El agua como bien económico:
En economía, el agua, por su utilidad tiene “valor de uso”, es decir satisface necesidades; además, su alcance es “multipropósito” y sistémico. Por su relación con la naturaleza la calificamos de recurso natural y por su importancia en la vida del hombre, de recurso vital. Esta consideración natural del agua predominó en tiempos muy lejanos de la historia de la humanidad.En la sociedad moderna, el agua, además de valor de uso, tiene ahora valor de “cambio”. Decimos, en rigor, el uso del recurso se convirtió, directa o indirectamente, en “mercancía” y por tanto en un bien económico. Frente a esta nueva realidad, “La Agenda 21 y los Principios de Dublín situaron el concepto del agua como bien económico y social en la agenda global y han recibido una gran aceptación de parte de los profesionales del mundo hídrico.” (GWP/TAC, No. 2, 2001).
Con esta declaración se trató de poner el recurso agua en una nueva dimensión: un bien económico al servicio del hombre pero con una alta responsabilidad social. Su uso económico obliga la aplicación de instrumentos también económicos que deben tomar en cuenta no solo los costos financieros, sino también los económicos y ambientales, para alcanzar un uso eficiente y sostenible. Por la condición especial del agua de ser un bien económico, un bien natural, vital y de dominio público; que como riqueza nacional participa en el mercado, el Estado deriva en la obligación de proteger, controlar y regular su adecuada utilización por medio de medidas de política económica que estimulen su buen uso y castiguen su depredación. Sin embargo, no todo el tiempo los gobiernos logran, por sí solos, que las instituciones del sector hídrico, sobre todo aquellas que tienen la función de producir servicios a los usuarios del agua, -sean públicas o privadas- tomen conciencia de las implicaciones de esta condición económica del agua y actúen en consecuencia.
Otro aspecto que está comprendido en la condición del agua como bien económico, es que su asignación o uso como recurso, en gran medida, queda sometido a las fuerzas del mercado. Según la teoría clásica, las leyes de la oferta y la demanda, en condiciones de libre concurrencia, definirían el precio de eficiencia para cada uno de sus usos. Siguiendo el modelo de Adam Smith, la “mano invisible” se traduciría en un “precio justo” y una distribución eficiente que coincide con los deseos colectivos de la sociedad.
Sin embargo, la realidad que ha ido imponiéndose continuamente en muchos países, es que el mercado del agua, ha adquirido la condición de mercado “imperfecto” donde predominan las “fallas del mercado”, es decir, que en lugar de propiciar la eficiencia y la equidad social en la asignación del recurso, los precios son especulativos y excluyentes y la explotación del mismo se produce sin consideración a las externalidades económicas y medioambientales. Es fácil observar que derivado del uso del agua se produce contaminación y deterioro de otros recursos naturales como el bosque, la tierra, las fuentes y las cuencas hídricas sin que se cuantifiquen los costos y se generen recursos financieros para la adecuada gestión del recurso, su gobernabilidad y sostenibilidad.
Se hace necesario entonces, tomar conciencia que siendo el agua un bien económico, sujeto a los defectos del mercado con sus efectos sociales adversos, es también un recurso natural y vital para el equilibrio social, que debe ser gestionado con un tratamiento integral y sostenible. Habiéndose tomado conciencia del hecho, “la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, en junio de 1992, descubrieron el cuadro sombrío de los recursos hídricos globales” (GWP, 2006). Como resultado, en este evento, se exigieron mecanismos para coordinar y promover la práctica de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), enfoque que propone, mediante el diálogo social y la toma de conciencia, alcanzar una buena gobernabilidad, equidad y sostenibilidad ambiental del recurso.
Si bien, es considerada como un derecho fundamental humano, lo cierto es que desde hace unas décadas empresas multinacionales han hecho del agua un gran negocio al venderla en forma embotellada. Ahora bien, en la actualidad sigue siendo un debate si el agua puede ser privatizada o no. Lo cierto es que en muchos países la privatización ha sido promovida por el Estado mismo y en algunos casos la resistencia a estas acciones han sido tan fuertes que han cambiado el destino de las decisiones políticas.
Agua embotellada, el gran negocio:
La expansión de este negocio, exige a las grandes corporaciones de bebidas y alimentación (Coca Cola, Pepsi Cola, Danone, Nestlé….) tener cada vez mayor acceso a los recursos hídricos, impulsando la privatización de cursos de agua y acuíferos.
El sector del agua embotellada está creciendo muy rápidamente en todo el mundo, siendo el negocio más boyante actualmente, pero también es uno de los menos regulados, lo que da lugar a situaciones auténticamente escandalosas.
Las cifras del negocio del agua hablan por sí solas. En la década de 1970, el volumen anual de agua embotellada, que se comercializa en todo el mundo ronda los 1.000 millones de litros. En la siguiente década se dobla el consumo, sin embargo, es a partir de 1990 cuando el crecimiento ya es exponencial. En el año 2000, las ventas anuales ascienden a más de 84.000 millones de dólares. Mientras que aumentan los beneficios de las multinacionales del agua embotellada con un agua de calidad cuestionable; una regulación libre y más eficiente de los sistemas municipales permitiría poner en ejecución una distribución de agua potable segura para toda la población del mundo por una cantidad mucho menor que la usada en el agua embotellada.
Mientras que no se invierte lo necesario en las redes de abastecimiento, se subvenciona con autorizaciones a bajo coste, la explotación de fuentes de agua por empresas embotelladoras privadas, que obtienen unos beneficios fabulosos. La industria embotelladora de agua dice, que es respetuosa con el medio ambiente, pero esto no es así, pues en muchos casos usa el agua de forma poco respetuosa con el medio ambiente y el 90 % de los envases que utiliza son de plástico. Todos los que vamos por el campo vemos en él infinidad de estos envases que son fuertemente contaminantes. Estas empresas nos dirán que cumplen la ley escrupulosamente en este tema, pero aun siendo así, los envases de plástico deben de desaparecer con carácter urgente.
Las fábricas embotelladoras, en muchos casos cogen agua de la misma red de agua que accede el público, ya sea pública o privada. Muchos veces, como Coca Cola, le agregan un paquete de minerales, a la que denominan “agua mineral”. Con este proceder, aumentan el precio del agua de grifo en más de 1.100 veces su valor, embotellándola y convirtiéndose en uno de los negocios más descarados del mundo capitalista.
Es hora de exigir a los poderes públicos las inversiones necesarias en las redes públicas o privadas para que su mantenimiento sea el adecuado, garantizando la calidad sanitaria del agua de grifo, ya sea en sabor, olor… Y al mismo tiempo, unas normas de comportamiento ético y sanitario de las aguas embotelladas, con rigurosos controles, así como la exigencia de un precio justo de las mismas.
En América del Sur, las multinacionales extranjeras están adquiriendo grandes zonas de naturaleza salvaje en la que se incluyen sistemas hidrográficos integrales para usarlos en un futuro no muy lejano. Destaca en este sentido el acuífero Guaraní, donde las grandes multinacionales están tomando tierras para explotar el agua.
Al mismo tiempo, en estos tiempos de la globalización estamos asistiendo a una concentración impresionante de la industria en torno a cuatro o cinco multinacionales, que están creando un oligopolio (Nestlé, Danone, Coca Cola, Pepsi Cola...) con decenas de marcas en torno a cada una de ellas, donde marcan el precio y calidad del agua sin apenas control alguno. En Estados Unidos más de un tercio del agua embotellada es simplemente, agua de grifo tratada o no; siendo un negocio monopolizado por Nestlé y Danone, líderes mundiales.
Actualmente, este fabuloso negocio del agua embotellada empieza a ser cuestionado. Las ciudades de Nueva York y Boston han lanzado una campaña publicitaria animando a sus ciudadanos al consumo de agua de grifo, en medio de las protestas de las multinacionales del agua. Chicago ha establecido un impuesto de diez céntimos de dólar por botella para desincentivar su consumo.
