Idilio Méndez Grimaldi (*)
Quienes
están detrás de esta trama tan siniestra? Los propulsores de una
ideología que promueven el máximo beneficio económico a cualquier precio
y cuanto más, mejor, ahora y en el futuro.
El
viernes 15 de junio de 2012, un grupo de policías que iba a cumplir una
orden de desalojo en el departamento de Canindeyú en la frontera con
Brasil, fue emboscado por francotiradores, mezclados con campesinos que
reclamaban tierras para sobrevivir. La orden fue dada por un juez y una
fiscala para proteger a un latifundista. Como resultadose tuvo 17
muertos; 6 policías y 11 campesinos y decenas de heridos graves. Las
consecuencias: El laxo y timorato gobierno de Fernando Lugo quedó con
debilidad ascendente y extrema, cada vez más derechizado, a punto de ser
llevado a juicio político por un Congreso dominado por la derecha; duro
revés a la izquierda, a las organizaciones sociales y campesinas,
acusadas por la oligarquía terrateniente de instigar a los campesinos;
avance del agronegocio extractivista de manos de las transnacionales
como Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y el arrebato de
sus tierras y, finalmente, la instalación de una cómoda platea para la
los oligarcas y los partidos de derecha para su retorno triunfal en las
elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo.
El 21 de
octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por
el liberal Enzo Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de algodón
transgénico Bollgard BT de la compañía norteamericana de biotecnología
Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay. Las protestas
campesinas y de organizaciones ambientalistas no se dejaron esperar. El
gen de este algodón está mezclado con el gen del Bacillus Thurigensis,
una bacteria tóxica que mata a algunas plagas del algodón, como las
larvas del picudo, un coleóptero que oviposita en el capullo del textil.
El
Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas,
SENAVE, otra institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel
Lovera, no inscribió dicha semilla transgénica en los registros de
cultivares, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de
la Secretaría del Ambiente, tal como exige la legislación.
Campaña mediática
Durante
los meses posteriores, Monsanto, a través de la Unión de Gremios de
Producción, UGP, estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo, que publica
el diario ABC Color, arremetió contra SENAVE y su presidente por no
inscribir la semilla transgénica de Monsanto para su uso comercial en
todo el país.
La cuenta regresiva decisiva pareció haberse
dado con una nueva denuncia por parte de una seudosindicalista del
SENAVE, de nombre Silvia Martínez, quien acusó el 7 de junio pasado a
Lovera de corrupción y nepotismo en la institución que dirige, a través
de ABC Color. Martínez es esposa de Roberto Cáceres, representante
técnico de varias empresas agrícolas, entre ellas Agrosán,
recientemente adquirida por 120 millones de dólares por Syngenta, otra
transnacional, todas socias de la UGP.
Al día siguiente,
viernes 8 de junio, la UGP publica en ABC a seis columnas: “Los 12
argumentos para destituir a Lovera” (1). Estos presuntos argumentos
fueron presentados al vicepresidente de la República, correligionario
del ministro de Agricultura, el liberal Federico Franco, quien en ese
momento se desempeñaba como presidente de Paraguay en ausencia de Lugo,
de viaje por Asia.
El viernes 15 del corriente mes, en ocasión a
una exposición anual organizada por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, el ministro Enzo Cardozo dejo escapar un comentario ante la
prensa que un supuesto grupo de inversores de la India, del sector de
los agroquímicos, canceló un proyecto de inversión en Paraguay por la
presunta corrupción en SENAVE. Nunca aclaro de qué grupo se trataba. En
esas horas de aquel día se registraban los trágicos sucesos de
Curuguaty.
En el marco de esta exposición preparada por el citado
ministerio, la transnacional Monsanto presentó otra variedad de algodón,
doblemente transgénico: BT y RR o Resistente al Roundup, un herbicida
fabricado y patentado por Monsanto. La pretensión de la transnacional
norteamericana es la inscripción en Paraguay de esta semilla
transgénica, tal como ya ocurrió en la Argentina y otros países del
mundo.
Previamente a estos hechos, el diario ABC Color denunció
sistemáticamente por presuntos hechos de corrupción a la ministra de
Salud, Esperanza Martínez y al ministro del Ambiente, Oscar Rivas, dos
funcionarios que no dieron su dictamen favorable a Monsanto.
Monsanto
facturó el año pasado 30 millones de dólares, libre de impuestos,
(porque no declara esta parte de su renta) solamente en concepto de
royalties por el uso de semillas transgénicas de soja en Paraguay.
Independiente, Monsanto factura por la venta de las semillas
transgénicas.
Toda la soja cultivada es transgénica en una
extensión cercana a los tres millones de hectáreas, con una producción
en torno a los 7 millones de toneladas en el 2010. Por otro lado, en la
Cámara de Diputados ya se aprobó en general el proyecto de Ley de
Bioseguridad, que contempla crear una dirección de bioseguridad a cargo
del Ministerio de Agricultura, con amplia potestad para la aprobación
para su cultivo comercial de todas las semillas transgénicas, ya sean de
soja, maíz, arroz, algodón y algunas hortalizas. Este proyecto de ley
contempla la eliminación de la Comisión de Bioseguridad actual, que es
un ente colegiado de funcionarios técnicos del Estado paraguayo.
En
tanto transcurrían todos estos acontecimientos, la UGP viene preparando
un acto de protesta nacional contra el gobierno de Fernando Lugo para
el 25 de junio próximo. Se trata de una manifestación con maquinarias
agrícolas, cerrando medias calzadas de las rutas en distintos puntos del
país. Una de las reivindicaciones del denominado “tractorazo” es la
destitución de Miguel Lovera del SENAVE, así como la liberalización de
todas las semillas transgénicas para su cultivo comercial.
Las conexiones
La
UGP está dirigida por Héctor Cristaldo, apoyado por otros apóstoles
como Ramón Sánchez - quien tiene negocios con el sector de los
agroquímicos - entre otros agentes de las transnacionales del
agronegocio. Cristaldo integra el staff de varias empresas del Grupo
Zuccolillo, cuyo principal accionista es Aldo Zuccolillo, director
propietario del diario ABC Color desde su fundación bajo el régimen de
Stroessner, en 1967. Zuccolillo es dirigente de la Sociedad
Interamericana de Prensa, SIP.
El Grupo Zuccolillo es
socio principal en Paraguay de Cargill, una de las transnacionales más
grandes del agronegocio en el mundo. La sociedad construyó uno de los
puertos graneleros más importante del Paraguay, denominado Puerto Unión,
a 500 metros de la toma de agua de la empresa aguatera del Estado
paraguayo, sobre el Río Paraguay, sin ninguna restricción.
Las
transnacionales del agronegocio en Paraguay prácticamente no pagan
impuestos, mediante la férrea protección que tienen en el Congreso,
dominado por la derecha. La presión tributaria en Paraguay es apenas del
13% sobre el PIB. El 60 % del impuesto recaudado por el Estado
paraguayo es el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Los latifundistas no
pagan impuestos. El impuesto Inmobiliario representa apenas el 0,04% de
la presión tributaria, unos 5 millones de dólares, según un estudio del
Banco Mundial (2) aún cuando el agronegocio produce rentas en torno al
30 % del PIB, que representan unos 6.000 millones de dólares anuales.
Paraguay
es uno de los países más desiguales del mundo. El 85 por ciento de las
tierras, unas 30 millones de hectáreas, está en manos del 2 por ciento
de propietarios (3) que se dedican a la producción meramente
extractivista o en el peor de los casos a la especulación sobre la
tierra. La mayoría de estos oligarcas poseen mansiones en Punta del Este
o Miami y tienen estrechas relaciones con las transnacionales del
sector financiero, que guardan sus bienes mal habidos en los paraísos
fiscales o le facilitan inversiones en el extranjero. Todos ellos, de
alguna u otra manera, están ligados al agronegocio y dominan el espectro
político nacional, con amplias influencias en los tres poderes del
Estado. Allí reina la UGP, apoyada por las transnacionales del sector
financiero y del agronegocio.
Los hechos de Curuguaty
Curuguaty
es una ciudad ubicada al este de la Región Oriental del Paraguay, a
unos 200 km de Asunción, capital del Paraguay. A unos kilómetros de
Curuguaty se halla la estancia Morombí, propiedad del terrateniente Blas
Riquelme, con más de 70 mil hectáreas en ese lugar. Riquelme proviene
de la entraña de la dictadura de Stroessner (1954-1989) bajo cuyo
régimen amasó una inmensa fortuna, aliado al general Andrés Rodríguez,
quien ejecutó el golpe de Estado que derrocó al dictador Stroessner.
Riquelme, que fue presidente del Partido Colorado por muchos años y
senador de la República, dueño de varios supermercados y
establecimientos ganaderos, se apropió mediante subterfugios legales de
unas 2.000 hectáreas, aproximadamente, que pertenecen al Estado
paraguayo.
Esta
parcela fue ocupada por los campesinos sin tierras que venían
solicitando al gobierno de Fernando Lugo su distribución. Un juez y una
fiscala ordenaron el desalojo de los campesinos, a través del Grupo
Especial de Operaciones, GEO, de la Policía Nacional, cuyos miembros de
élite en su mayoría fueron entrenados en Colombia, bajo el gobierno de
Uribe, para la lucha contrainsurgente.
Sólo un sabotaje
interno dentro de los cuadros de inteligencia de la Policía, con la
complicidad de la Fiscalía, explica la emboscada, en la cual murieron 6
policías. No se comprende cómo policías altamente entrenados, en el
marco del Plan Colombia, pudieron caer fácilmente en una supuesta trampa
tendida por campesinos, como quiere hacer creer la prensa dominada por
los oligarcas. Sus camaradas reaccionaron y acribillaron a los
campesinos, matando a 11, quedando unos 50 heridos. Entre los policías
muertos estaba el jefe del GEO, comisario Erven Lovera, hermano del
teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo.
El
plan consiste en criminalizar, llevar hasta el odio extremo, a todas
las organizaciones campesinas, para empujar a los campesinos a abandonar
el campo para el uso exclusivo del agronegocio. Es un proceso lento,
doloroso, de descampesinización del campo paraguayo, que atenta
directamente contra la soberanía alimentaria, la cultura alimentaria del
pueblo paraguayo, por ser los campesinos productores y recreadores
ancestrales de toda la cultura guaraní.
Tanto la Fiscalía o
Ministerio Público, como el Poder Judicial y la Policía Nacional, así
como diversos organismos del Estado paraguayo, están controlados
mediante convenios de cooperación por USAID, la agencia de cooperación
de los Estados Unidos.
El asesinato del hermano del jefe
de seguridad del presidente de la República obviamente es un mensaje
directo a Fernando Lugo, cuya cabeza sería el próximo objetivo,
probablemente a través de un juicio político, quien derechizó más su
gobierno tratando de calmar a los oligarcas. Lo ocurrido en Curuguaty
tumbó a Carlos Filizzola del Ministerio del Interior y fue nombrado en
su reemplazo a Rubén Candia Amarilla, proveniente del opositor Partido
Colorado, al cual Lugo lo derrotó en las urnas en el 2008, luego de 60
años de dictadura colorada, incluyendo la tiranía de Alfredo Stroessner.
Candia
fue ministro de Justicia del gobierno colorado de Nicanor Duarte
(2003-2008) y se desempeñó como fiscal general del Estado por un
periodo, hasta el año pasado, cuando fue reemplazado por otro colorado,
Javier Díaz Verón, a instancia del propio Lugo. Candia es acusado de
haber promovido la represión a dirigentes de organizaciones campesinas y
de movimientos populares. Su nominación a Fiscal General del Estado en
el 2005 fue aprobado por el entonces embajador de los Estados Unidos,
Jhon F. Keen. Candia fue responsable de un mayor control por parte de
USAID del Ministerio Público y fue acusado en los inicios de su gobierno
por Fernando Lugo de conspirar en su contra para quitarlo del gobierno.
Tras
asumir como el ministro político de Lugo, lo primero que anunció Candia
fue la eliminación del protocolo de diálogo con los campesinos que
invaden propiedades. El mensaje es que no habrá conversación, sino
simplemente la aplicación de la ley, lo que significa emplear la fuerza
policial represiva sin contemplación.
Dos
días después de asumir Candia Amarilla, los miembros de la UGP,
encabezado por Héctor Cristaldo, ya visitaron al flamante ministro del
Interior, a quien solicitaron garantías para la realización del
denominado tractorazo. Sin embargo, Cristaldo dijo que la medida de
fuerza puede ser suspendida en caso de nuevas señales favorables para la
UGP (léase liberación de las semillas transgénicas de Monsanto,
destitución de Lovera y otros ministros, entre otras ventajas para el
gran capital y los oligarcas) derechizando aun más el gobierno.
Cristaldo
es precandidato a diputado para las elecciones de 2013 por un
movimiento interno del Partido Colorado, liderado por Horacio Cartes, un
empresario investigado en el pasado reciente por Estados Unidos por
lavado de dinero y narcotráfico, según el propio diario ABC Color, que
se hizo eco de varios cables del Departamento de Estado de USA,
publicado por WikiLeaks, entre ellos uno que aludía directamente a
Cartes, el 15 de noviembre de 2011.
Juicio político a Lugo
En
las últimas horas, mientras se redactaba esta crónica, la UGP, (4)
algunos integrantes del Partido Colorado y los propios integrantes del
Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, dirigido por el senador Blas
Llano y aliado del gobierno, amenazan con un juicio político Fernando
Lugo para destituirlo como presidente de la República del Paraguay.
Lugo
depende del humor de los colorados para seguir como presidente de la
República, así como de sus aliados liberales, que ahora lo amenazan con
juicio político, con seguridad buscando más espacios de poder (dinero)
como prenda de paz. El Partido Colorado, aliado a otros partidos
minoritarios de la oposición, tiene la mayoría necesaria como para
destituir al presidente de sus
funciones.
Quizás se
esperan “las señales favorables” de Lugo que la UGP - en nombre de la
Monsanto, la patria financiera y los oligarcas - está exigiendo al
gobierno. Caso contrario, se estaría pasando a una siguiente fase de los
planes de copamiento de este gobierno que nació como progresista y
lentamente va terminando como conservador, controlado por los poderes
fácticos.
Entre algunos de sus haberes, Lugo es responsable de la
aprobación de la Ley Antiterrorista, propiciada por Estados Unidos en
todo el mundo después del 11 S. Autorizó en 2010 la implementación de la
Iniciativa Zona Norte, consistente en la instalación y despliegue de
tropas y civiles norteamericanos en el norte de la Región Oriental - en
las narices del Brasil - supuestamente para desarrollar actividades a
favor de las comunidades campesinas.
El Frente Guazú,
coalición de las izquierdas que apoya a Lugo, no logra unificar su
discurso, y sus integrantes pierden la perspectiva en el análisis del
poder real, cayendo en los juegos electoralistas inmediatistas.
Infiltrados por USAID, muchos integrantes del Frente Guazú que
participan en la administración del Estado, sucumben ante los cantos de
sirena del consumismo galopante del neoliberalismo. Se corrompen hasta
los tuétanos y en la práctica se convierten en émulos vanidosos de
engreídos ricos que integraban los recientes gobiernos del derechista
Partido Colorado.
Curuguaty también engloba un mensaje
para la región, especialmente para Brasil, en cuya frontera se producen
estos hechos sangrientos, claramente dirigidos por los amos de la
guerra, cuyos teatros de operaciones se pueden observar en Irak, Libia,
Afganistán y ahora Siria. Brasil está construyendo hegemonía mundial
junto a Rusia, India y China, denominado BRIC. Sin embargo, Estados
Unidos no ceja en su poder de persuasión al gigante de Sudamérica. Ya
está en marcha el nuevo eje comercial integrado por México, Panamá,
Colombia, Perú y Chile. Es un muro de contención a los deseos
expansionistas del Brasil hacia el Pacífico.
Mientras,
Washington sigue con su ofensiva diplomática en Brasilia, tratando de
convencer al gobierno de Dilma Rousseff a estrechar vínculos
comerciales, tecnológicos y militares. Entre tanto, la IV Flota de los
Estados Unidos, reactivada hace unos años después de estar fuera de
servicio apenas culminó la Segunda Guerra Mundial, vigila todo el
Atlántico Sur, en carácter de otro cerco al Brasil por si no
comprendiese la persuasión diplomática.
Y Paraguay es un
país en disputa entre ambos países hegemónicos, dominado aun ampliamente
por USA. Por eso lo de Curuguaty es también una pequeña señal para
Brasil, en el sentido que el Paraguay puede convertirse en un polvorín
que quebrantará el desarrollo del suroeste del Brasil. Pero por sobre
todo, los muertos de Curuguaty es una señal del capital, del gran
capital, del extractivismo expoliador, que asuela el Planeta y aplasta
la vida en todos los rincones de la Tierra en nombre de la civilización y
el desarrollo. Por fortuna, los pueblos del mundo también van dando
respuestas a estas señales de la muerte, con señales de resistencia, con
señales de dignidad y de respeto a todas formas de vida en el Planeta.
1- http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/presentan-12-argumentos-para--
destituir-a--lovera-411495.html
2- Documento del Banco Mundial. Paraguay. Impuesto Inmobiliario: Herramienta clave
para la descentralización fiscal y el mejor uso de la tierra. Volumen I: Informe principal.
2007.
3- Censo Agropecuario Nacional 2008.
4- http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/productores-se-ratifican-en-juicio-
politico-416196.html
(*) Periodista, investigador y analista. Miembro de la Sociedad de Economía Política del
Paraguay, SEPPY. Autor del libro Los Herederos de Stroessner.
Se denomina creacionismo al conjunto de creencias, inspiradas en doctrinas religiosas, según las cuales la Tierra y cada ser vivo que existe actualmente proviene de un acto de creación por uno o varios seres divinos, cuyo acto de creación fue llevado a cabo de acuerdo con un propósito divino
