Las tierras y los recursos en manos de los extranjeros

Para los chicos de 3°A y 2° B (ESB 312), este es parte del material que usaremos al ver las problemáticas ambientales y espaciales que tiene la región

Reservas de agua planetarias

En la Argentina hay 35 ríos, arroyos y lagos apropiados por terratenientes

Por: Fernando Pittaro
Son empresarios locales y extranjeros que se adueñaron de recursos hídricos que deberían ser accesibles para todos los habitantes. Incumplen la ley y, muchas veces, recurren a la violencia. Los negocios privados y el caso de Corrientes.

Un empresario inglés alambra un lago en Río Negro, un millonario italiano cierra una ruta provincial y aísla a un pueblo en Chubut. Un magnate de medios estadounidense pone una tranquera e impide el paso al río Traful, en Neuquén. Y en San Martín de los Andes, el custodio privado de un complejo de cabañas mata de un balazo a un joven por estar pescando con un amigo a orillas del río Quilquihue.

Son apenas algunos ejemplos de los innumerables casos de apropiación ilegal de recursos hídricos por parte de empresarios argentinos y extranjeros que violan leyes provinciales y nacionales, y pasan a ser “okupas” de escenarios naturales que deberían estar abiertos al público. Así lo pudo comprobar Tiempo Argentino tras un relevamiento en todo el país, que permitió detectar en ocho provincias 35 casos en los que ríos, lagos, arroyos, costas y lagunas dejan de ser de todos para ser de algunos pocos, que no prescinden de recurrir a la violencia para obtener y conservar sus privilegios.
El artículo Nº 2.340 del Código Civil incluye a los mencionados recursos como “bienes públicos”, es decir, que pertenecen a los habitantes en general, lo que significa que no está permitido que sean comprados, vendidos, ni transferidos. Sin embargo, lo que viene sucediendo es justo lo contrario. También el artículo 2.639 del mismo código sufre constantes incumplimientos. Esa cláusula indica que “los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización”. Es otra norma que pocos terratenientes respetan.
En Córdoba, por ejemplo, sólo en 2009 la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento retiró 500 alambrados en las sierras chicas que impedían el libre tránsito. En localidades serranas como Huerta Grande, Villa Giardino o La Cumbre es frecuente ver espejos de agua dentro de propiedades y hasta muros con candados que impiden el paso peatonal. En 2004, el gobierno cordobés colocó mojones en siete lagos que delimitaron por primera vez lo público de lo privado, pero ese plan se frenó en 2007.
En la Patagonia la situación es aun más crítica. Es la región donde existen más casos de grandes propietarios, la mayoría de ellos extranjeros, copando espacios públicos. Uno de los más emblemáticos es el del inglés Joe Lewis. En 2011, la justicia rionegrina le ordenó abrir el camino público que atraviesa su mansión y llega hasta el Lago Escondido. Lewis nunca acató el pedido.
Por su parte, el magnate textil Luciano Benetton se apropió de 15 kilómetros de la ruta provincial Nº 4, prohibiendo el acceso al río Chubut y dejando al pueblo de El Maitén con una salida menos.
Otro tanto ocurre en Neuquén con la estancia La Primavera. Allí, hace doce años que Ted Turner, dueño de la cadena CNN, mantiene a los pobladores cautivos en sus propios campos. Uno de ellos es Miguel Lagos, que para salir de sus tierras debía pedir permiso y sortear tranqueras con candados y hasta un puente enrejado. Hoy, Lagos vive en Villa La Angostura. “Me tuve que ir porque me hacían la vida imposible, pero todavía siguen viviendo familias que para salir tienen que hacerlo de a pie y esquivando una zanja de dos metros de profundidad que bordea el terreno”, explicó Lagos a Tiempo. También agregó que “encadenaron el acceso a los ríos Minero y Traful y nadie puede acceder, y al que lo intenta lo corren a los tiros”.
En Santa Cruz los poderosos también parecen tener más peso que la propia ley. Apellidos como Pérez Companc, Benetton, Menéndez Bethy y Braun Menéndez figuran entre los poseedores de grandes estancias que vedan el acceso público a espejos de agua como el lago Strobel, los ríos Penitentes y Gallegos, y las lagunas Chica, Larga y Cóndor.
Oscar Nieddu, ex presidente del Club de Pesca y Tiro Fontinalis, de Río Turbio, relató que “prácticamente ya no se puede pescar en ningún lado de la provincia porque los que dicen quién pasa y quién no son los guardias privados”. Tener el carné habilitante al día ya no alcanza. “Hay muchos lugares que son públicos, pero como hay cotos de caza y pesca privados, tenés que pagar para entrar –sostuvo Nieddu–. Y en otros, directamente no pasás ya que sólo está permitida la entrada a turistas extranjeros a los que le cobran hasta dos mil dólares por día.”
En igual sentido se expresó Ángel González, titular de la Asociación Ríos Libres, entidad que brega por el derecho a acceder sin restricciones a las costas de los cursos de agua. A su hijo de 30 años, Cristian González, lo mataron de un balazo en el cuello el 30 de agosto de 2006, mientras pescaba con un amigo en el río neuquino Quilquihue, cerca del lago Lolog. Le disparó Horacio Calderón, custodio de un complejo de cabañas, que fue condenado a 13 años y medio de prisión. Gaspar Schroh, dueño de la cabaña que facilitó el arma, recibió dos años y medio en suspenso. Hoy está en libertad.
En diálogo con este diario, Ángel González describió la gravedad de una problemática que se repite en varios puntos de la Patagonia. “Los privados no sólo se adueñan de los lagos y los ríos sino que también de la vida de nuestro hijo por defender su negocio. La mayoría trabajan con turismo internacional y le ofrecen el servicio completo de pesca, caza o recreación. El cabañero no dejaba que la gente acampe ni pesque para garantizarles exclusividad a sus clientes”, afirmó González.
Pero no sólo en el sur estas apropiaciones son moneda corriente. También es muy frecuente en la zona del delta del Paraná, donde se asienta uno de los humedales más importantes del planeta. Allí, la modalidad es diferente pero los casos también se cuentan de a decenas.
El arroyo La Cruz, entre la localidad entrerriana de Victoria y la santafesina de Rosario, fue cerrado por un empresario ganadero, cortando por la mitad un enorme sistema de humedales con un endicamiento de dos metros de altura. Cerca de allí, otro productor agropecuario clausuró un arroyo navegable para poder llegar hasta su casa en 4x4.
Elba Stancich, coordinadora del Taller Ecologista Rosario, aseguró que “se construyen terraplenes removiendo el suelo para la construcción de un canal y a través de un sistema de bombas se regula el agua. Esto significa cerrar arroyos, tapar lagunas y cerrar el paso a la gente que estaba acostumbrada a ir a pescar a lugares de costa que hoy están interrumpidos”.
En el sur de Entre Ríos la historia se replica. Allí, Pedro Pou, ex presidente del Banco Central durante el menemismo, levantó un megaterraplén del mismo largo que la autopista Buenos Aires-La Plata, para evitar que las crecidas del río Gualeguaychú y Paraná inunden sus propiedades. Otro tanto sucede en Corrientes, provincia paradigmática en cuanto a la privatización del capital acuífero (ver aparte).
La treintena de casos que Tiempo pudo contabilizar en el mapa argentino dan cuenta del accionar de empresarios nacionales y extranjeros que se adueñan de recursos naturales públicos para garantizar sus negocios. Sin dudas, hay muchos más. Y esto sucede a cuatro meses de la reglamentación de la Ley de Tierras, que busca poner fin a este tipo de especulación de los privados y a la complicidad de los estados municipales y provinciales.

El caso del vice de Clarín


Mucho se habla de las millones de hectáreas que están en manos extranjeras, pero poco se dice de la batalla silenciosa que se está librando por el acceso a un recurso vital y cada vez más escaso como es el agua.
La provincia de Corrientes es emblemática en este sentido. Desde hace dos años, el magnate húngaro George Soros viene regando 4200 hectáreas de cultivos de arroz con aguas del río Paraná, aprovechando permisos precarios hechos a la medida de sus intereses.
En los Esteros del Iberá hace 25 años desembarcó la millonaria francesa Madame Beaux, que en 2010 construyó una represa para regar 1000 hectáreas de arroz, pero nunca presentó el estudio de impacto ambiental correspondiente. Por el uso de las aguas públicas, Beaux pagó menos de seis pesos por cada hectárea sembrada.
Cerca de allí, el norteamericano Douglas Tompkins tiene más de 200 mil hectáreas. Y si bien Tompkins asegura que no tiene interés en hacer uso comercial de la zona, hay quienes alertan acerca de la ubicación estratégica de sus campos: están sobre el acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más codiciadas del mundo.
En 2010, Tiempo Argentino reveló que, también en suelo correntino, José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, planeaba adueñarse del arroyo Ayuí para construir una represa en sociedad con Soros. Una vez más, el objetivo era usufructuar un recurso público para garantizar un negocio privado. El proyecto, que pretende inundar 8000 hectáreas y eliminar 130 kilómetros de bosques en galería, ya fue desautorizado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y frenado por la Corte Suprema de Justicia.

Recursos hídricos
QUÉ DICE LA LEY
Según indica el artículo 2.340 del Código Civil argentino, están comprendidos entre los bienes públicos “los ríos, sus cauces, y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general”, como “los lagos navegables y sus lechos”.

Extranjerización: ¿Quiénes son los magnates? Soros, Benetton, Lewis y Turner se encuentran entre los varios millonarios extranjeros que usufructúan recursos hídricos públicos en la Argentina.
18.07.2010 | En la Argentina no hay una ley que regule la venta

Las tierras en manos extranjeras equivalen a la superficie de Italia

Es casi el 20% del área productiva del país. Los principales inversores son de los EE UU, Italia, Malasia y Chile. En algunos casos, llegaron a pagar la hectárea al precio de un chocolate, con ríos, rutas y hasta pueblos incluidos.
Fernando Pittaro
Todo extranjero que quiera invertir en la Argentina sólo tiene que buscar un asesor inmobiliario y elegir qué punto del mapa le conviene más. Apenas es cuestión de contar con el dinero y hacer la operación, ya que no existe en el país una ley federal que regule la venta de tierras a capitales foráneos. Y si de incluso adquirir recursos naturales estratégicos se trata, también están a la venta selvas, bosques nativos y reservas de agua de todo tipo. De las 170 millones de hectáreas productivas que existen en el país, el 20% ya están en manos de capitales extranjeros, entre las tierras vendidas y las ofrecidas.
Según la Federación Agraria, son 34 millones de hectáreas, la misma superficie que ocupa Italia entera, o las provincias de Tucumán, Córdoba, Catamarca y Jujuy sumadas (ver infografía "Los dueños extranjeros de la Argentina").
"Hoy las guerras a nivel mundial son por el petróleo, pero dentro de 30 o 40 años los conflictos geopolíticos serán por el agua", asegura el diputado chaqueño por la UCR, Pablo Orsolini. "Desde la mitad de la provincia de Santa Fe hacia el Norte -continúa, en diálogo con Tiempo Argentino-, que abarca la región mesopotámica, se encuentra el Acuífero Guaraní que es el reservorio de agua dulce más importante del planeta. Entonces no es casual que grandes potencias mundiales busquen asentarse en nuestro país donde pueden acceder libremente a zonas estratégicas para el manejo de los recursos naturales. Además, te encontrás que en los suplementos destinados a la comercialización de propiedades de grandes diarios extranjeros se ofrecen tierras en la Argentina, de diferentes estancias en la Patagonia".
Hay algunos casos emblemáticos que configuran el actual mapa de empresarios millonarios de diferentes partes del mundo que se adueñaron de miles de hectáreas argentinas. El heredero del emporio de los snacks Lays y de la gaseosa Pepsi, Ward Lay, les compró por 4,5 millones de dólares, unas 80 mil hectáreas a los hermanos Benetton en Neuquén. Allí funciona la Estancia Alicurá, donde el magnate oriundo de Texas lleva adelante un proyecto turístico con alojamiento cinco estrellas, coto de caza y lodges de pesca. Para quien quiera ir allí, la habitación ronda los 1200 dólares la noche e incluye un guía especializado por cada cazador.
Por otra parte, el grupo de seguros estadounidense AIG posee junto a la finca Jasimaná en Salta, 1,5 millón de hectáreas: esto es, casi el 7% del territorio provincial.
Mientras tanto, en el sur de la Argentina, los cuatro hermanos Benetton son los reyes de la Patagonia: concentran 970 mil hectáreas en las provincias de Santa Cruz, Neuquén y Río Negro.
El grupo tiene, además, 8000 hectáreas en la localidad bonaerense de Balcarce, donde produce 35 mil toneladas anuales de trigo, maíz y soja.
El inglés Joseph Lewis (propietario de la marca de calzados Puma y Vans, o la cadena de heladerías Freddo y Aroma, entre muchos otros negocios) adquirió 18 mil hectáreas en la provincia de Río Negro; se adueñó incluso del Lago Escondido y hasta instaló una pista de aterrizaje. La justicia rionegrina obligó al polémico empresario a abrir una calle para permitir el libre acceso al lago, ante los insistentes pedidos de los pobladores.
La firma italiana Nettis Impianti, dueña de empresas mineras, petrolíferas y gasíferas compró en La Rioja 418 mil hectáreas en la localidad de Jagué. La intención es utilizar estas tierras como atracción turística para hacer safaris exóticos en la Laguna Brava, un verdadero paraíso ecológico donde pueden apreciarse la belleza de los flamencos rosados.
En Catamarca, un empresario estadounidense dedicado a la fabricación de helicópteros, Peter Lee MacBride, adquirió la hectárea al precio de un chocolate: U$S 3,50. Se trata de una superficie de 117 mil hectáreas, con un pequeño detalle: en esa extensión vivían unos 800 pequeños productores agropecuarios, los cuales permanecen en una disputa judicial por la tenencia de la tierra.
La lista es mucho más extensa, pero la falta de datos oficiales impide tener un registro completo y agiganta las especulaciones. Sólo por citar un caso, este diario solicitó información a la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras, del Ministerio del Interior, encargada de autorizar la venta en las llamadas zonas de seguridad, y la respuesta fue lacónica: "Esa información es confidencial. No la podemos dar." Lo cierto es que la zona de costas y fronteras es uno de los puntos más críticos. Estas áreas cubren 150 kilómetros desde la Cordillera hacia el centro del país y 50 kilómetros desde las costas en esa misma dirección.
Entre el 2002 y el 2006, en la Secretaría de Seguridad Interior ingresaron 2400 pedidos de inversión, lo que demuestra el alto nivel de interés por estas tierras.
Pero hay un dato aun más grave. En marzo del año pasado, a través de la resolución 166, el Ministerio del Interior liberó a 89 localidades (de 14 provincias) del régimen de previa conformidad que se exige a los extranjeros que desean comprar en el área adyacente a las fronteras argentinas. De este modo, La Quebrada de Humahuaca, las islas del Ibicuy, las zonas vitivinícolas de Tupungato y Tunuyán, Calingasta al norte y Gaiman al sur son algunos de los lugares en los que los extranjeros ahora cuentan con más facilidades para extender sus intereses comerciales. Así lo asegura el ingeniero agrónomo, Walter Pengue, miembro del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la Universidad de Buenos Aires: "La zona más crítica está en la región andina, allí existen áreas ricas en lagos y fuentes de agua que están siendo apropiadas, con restricciones severas a la propia comunidad local. Además, están planificando cómo comercializar esos recursos (agua de vertiente o de glaciar) en el mediano plazo. Esto se debe a la clara falta de una política pública que ordene el territorio en beneficio de los ciudadanos actuales y futuros. No debería haber conflictos, si se manejase el tema con ordenamiento ambiental y territorial participativo. Esto es lo que hay que hacer, y no dejar que cuatro vivos planteen un ordenamiento del territorio en beneficio de unos pocos, escuchando solo a algunos pseudo científicos", sostiene Pengue.
Mientras tanto, hay más de 30 proyectos legislativos que esperan ser tratados en el Congreso de la Nación. El espíritu de las propuestas más consensuadas por diferentes legisladores de todos los partidos, no es prohibir la venta de tierras, sino que contempla restricciones y límites, sobre todo, a la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros. Además prevé la creación de un registro obligatorio para las propiedades.
"En 2002 había 7 millones de hectáreas en manos de extranjeros. Hoy, esa cifra ascendió de manera alarmante -insiste Orsolini-. Entre las tierras vendidas y la que se ofrecen, ya supera las 30 millones de hectáreas".
Elsa Bruzzone, especialista en geopolítica y autora del libro Las guerras del agua, advierte del peligro que implica para la soberanía de un país que no se regule la tenencia de la tierra. "No hay país en el mundo con una legislación tan flexible como la nuestra. En Japón, algunos estados de los Estados Unidos o Canadá, los extranjeros no pueden comprar tierras y menos si cuentan con recursos naturales. El 20% de la Argentina tiene dueños extranjeros, especialmente en la Patagonia y la Cordillera". Sólo en la Patagonia, ya hay en manos extranjeras 1.276.316 hectáreas, equivale a 64 veces la Ciudad de Buenos Aires.