Durante nuestro viaje a Tierra del Fuego, nos encontramos en el puerto de Ushuaia con el cartel que se encuentra en la foto, creímos que era una ley exclusiva de la provincia, "una locura" como lo catalogó un comerciante. Pero nos equivocamos, cuando visitamos el museo de ex combatientes "Pensar Malvinas", nos enteramos que el 25 de agosto de 2011, la Legislatura Provincial de Tierra del Fuego (quizás una de las provincias que estuvo más cerca y sufrió el conflicto bélico, como si fuera exclusivamente suyo) aprobó la Ley Provincial Gaucho Rivero, por la cual se prohibía la permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia, que realicen tareas relacionadas con la exploración, explotación de recursos naturales, buques militares, dentro del ámbito de la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina.
Esta ley se hizo extensiva actualmente a los puertos de las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y tiene media sanción en la Legislatura bonaerense; la Nación y el resto de las provincias con puertos internacionales no avalan esto y continúan con la aceptación de buques ingleses o de sus colonias por cuestiones netamente económicas. (ver nota relacionada).
En este 2 de abril, queríamos traerles esta noticia que a Buenos Aires, no llegó, o sólo se hicieron menciones en los diarios que tenemos a continuación.
Como verán los únicos que recuerdan y tienen viva en la memoria y en la piel cuando se habla de Malvinas, y aquella guerra cruel, son los pobladores australes de nuestro país. No incluimos a la provincia de Santa Cruz, porque como se vio, pese a la cercanía del conflicto no adhirió a la Ley Gaucho Rivero, ni lo hará, por los interés económicos-comerciales que tienen desde la política actual.
07.04.2012 | Tiempo Argentino
La Ley Gaucho Rivero y la defensa de la soberanía nacional
“La Ley Rivero nació en los puertos, venció al silencio y la represión, se hizo de abajo, en los piquetes, banderas, bombos y corazón”.
Por Toni López, Juan Vera y Norma González*
La Ley Gaucho Rivero, replicada en las provincias de Chubut (136/11) y Santa Cruz (3239/11) y con trámite parlamentario en Río Negro y en Buenos Aires, establece la prohibición de amarre o apoyo logístico a buques con bandera del Imperio Británico, o de conveniencia, que realicen tareas vinculadas con la exploración o explotación de nuestros recursos naturales en la Cuenca de Malvinas. Se enmarca en lo establecido por la Cláusula Transitoria de la Constitución Nacional de 1994 que nos obliga a luchar con las armas de la paz por la recuperación del territorio usurpado. Pero también es el punto de partida de una batalla total contra la corsaria corona inglesa. Es la respuesta cultural a todas las imposiciones a las que fuimos sometidos siempre y a 30 años de la gesta en que, en inferioridad de condiciones, ganamos la guerra beligerante, pero perdimos la política y económica. Motivados por la convicción de que el origen de todas las crisis y catástrofes regionales radica en el colonialismo y la dependencia, un grupo de patriotas, integrado por civiles, veteranos de guerra, dirigentes gremiales y sociales, decidió iniciar acciones directas contra el usurpador. La ley Gaucho Rivero es la visualización de muchas de esas acciones. Es la demostración cabal de que el pueblo es quien puede dictar las normas toda vez que se lo propone. La ley Gaucho Rivero, en fin, es una herramienta legal para construir, recuperar y defender soberanía.
LA PATRIADA
Cuando comenzamos a dibujar este proyecto, la desmalvinización de los argentinos todavía era arrolladora. Hablar del reclamo de la soberanía en nuestras islas era el delirio de algunos veteranos, ni siquiera de todos. Pero la aridez del camino por recorrer, lejos de debilitarnos, nos fortaleció. Primero había que construir lazos, encontrar compatriotas que pensaran parecido sobre la importancia de la recuperación de las islas. Así fue que en el verano de 2011 sorprendimos en el puerto de Mar del Plata al remolcador off shore Normand Baltic que, con bandera británica, pretendía ir a explorar en la Cuenca de Malvinas. Desenmascarados, ni la pueril maniobra de ocultar el pabellón sirvió para evitar que fueran repudiados por los ciudadanos y se hicieran a la mar. Tres meses después, ingresaron al puerto de La Plata, pero con bandera de conveniencia de Noruega. Los trabajadores de la destilería advirtieron el engaño y se negaron a abastecerlos. Esa misma noche zarparon para evitar la movilización encabezada por los intendentes de Berisso y Ensenada, que no estaban dispuestos a permitir que se olvidara que allí mismo, el Fuerte de la Ensenada recuerda cómo ese pueblo combatió contra las Invasiones Inglesas en 1806 y en 1807. Esto se repitió en Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado y Río Grande (Tierra del Fuego). Ni el viento patagónico, ni la escarcha, ni la nieve fueron obstáculo para el repudio a la presencia de la bandera pirata en aquellos puertos. Así, reorganizados de a puñados, y con la fuerza del apoyo popular de las tres ciudades de Tierra del Fuego, pudimos construir una idea soñada en las calles, propuesta en los bares y debatida en las instituciones que confluyó en una ley que lleva el nombre de Rivero, aquel gaucho que 178 años antes también resistió al invasor imperialista y que hoy da nombre a la Copa del campeonato nacional de fútbol.
QUIÉN FUE EL GAUCHO RIVERO
Antonio Rivero, el héroe que el 26 de agosto de 1833 restituyó el pabellón nacional en el mástil de Puerto Luis, Isla Soledad, fue un joven entrerriano de 20 años, analfabeto, esquilador de ovejas, que había sido contratado por Luis Vernet para trabajar en las Islas Malvinas y que junto a sus compañeros, los criollos Luna y Brasido, además de los indios Flores, Godoy, Salazar, González y Latorre, pasaron a degüello a los administradores de la usurpación británica que pretendían pagarles por su trabajo con vales. A comienzos de 1834 los británicos intentaron recuperar el control de la capital del archipiélago, pero recién el 10 de marzo de ese año, luego de sufrir el asesinato, captura y hasta la traición de algunos de sus compañeros, Rivero es rendido. Entonces lo trasladaron a Inglaterra para ser juzgado, pero una vez allí no lo consideraron necesario y lo liberaron en Montevideo. Años después, Rivero terminó alistándose en las fuerzas del general Lucio Mansilla para la defensa de Vuelta de Obligado en 1845, donde murió en combate. En el lugar de la batalla de Quebracho, un humilde monolito recuerda aquella voluntad inquebrantable de defender lo nuestro.
ANTECEDENTES
A mediados de 1975, la Ley 21.024 declaró de interés nacional el estudio de las posibilidades que ofrecen las riquezas petrolíferas de la plataforma submarina correspondiente a las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico sur. El desembarco de la misión Shackleton en Puerto Stanley, el 3 de enero de 1976, obligó a denunciar la ruptura unilateral de las negociaciones ordenadas por numerosos organismos internacionales, inclusive la Asamblea General de las Naciones Unidas. El ministro Aráuz Castex, canciller de Isabel Perón, expulsó al embajador pirata el 14 de febrero y fue la presidente quien ordenó cañonear al buque de “exploración” y obtuvo el acuerdo parlamentario para denunciar el arbitraje de la corona pirata sobre el litigio del Beagle y romper relaciones si no comenzaban las negociaciones ordenadas por la ONU para la descolonización de las Islas Malvinas. El nuevo embajador inglés fue citado en el Congreso el 24 de marzo de 1976.
A principios de 2010, la presencia en el puerto de Campana del Thor Leader, un buque de bandera inglesa que, procedente de Malvinas, se proponía cargar 3500 toneladas de caños de exploración petrolera y el envío de la plataforma petrolera Ocean Guardian para perforar en la cuenca norte de Malvinas, además de múltiples protestas ciudadanas, fue primero respondida con el llamado del ex presidente Néstor Kirchner a desconocer la bandera pirata de la colonia Falkland (UK) y, después, con el decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que obliga a solicitar autorización a todos los buques que naveguen las aguas territoriales próximas a Malvinas. De inmediato, esto produjo la suspensión de los viajes del transbordador inglés que, desde Punta Arenas(Chile), abastecía de víveres e insumos a los habitantes civiles de la usurpación. Santiago de Liniers, don Juan Manuel de Rosas, María Estela Martínez de Perón y los Héroes de Malvinas en1982 (soldados, pilotos, comandos, infantes de marina, suboficiales y oficiales) enfrentaron a la prepotencia imperialista inglesa. Hoy, con las armas de la democracia del siglo XXI, los pueblos costeros y patagónicos encontraron en la decisión de la gobernadora Fabiana Ríos y en la de la presidenta de la Nación, la validación de la voluntad popular.
BLOQUEO A CRUCEROS . El 25 de febrero de 2012 en la capital provincial de las Islas Malvinas deliberaron las comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso junto al ejecutivo de Tierra del Fuego, e hicieron pública la Declaración de Ushuaia. Dos días después, la gobernadora dio orden de aplicar la Ley Gaucho Rivero a los cruceros de bandera pirata procedentes de las Islas Malvinas, Star Princess y Adonia. El Balmoral, modificó su rumbo antes de recibir la comunicación de las autoridades de puerto. Los veteranos de guerra, los trabajadores de la estiba, hoteleros y gastronómicos, estatales y docentes… los metalúrgicos, los obreros plásticos, los estudiantes… en suma, todo el pueblo fueguino expresó su participación en el bloqueo y lo celebró con “el malvinazo”, una fiesta popular que celebró en la plaza Islas Malvinas el 3 de marzo y que, como en Vuelta de Obligado, un gobernador de una provincia argentina le volvía a poner freno a la prepotencia británica. Esta vez, las cadenas que obstaculizaron el paso a los buques anglofranceses habría de ser una ley. Y los defensores batían parches de bombos, murgas y comparsas, bailaban zambas y chacareras.
LOS CIPAYOS
Cuando las leyes provinciales fueron sancionadas –por unanimidad– no se escucharon quejas, ni sugerencias. Más bien un silencio parecido al ninguneo. Pero el hecho de haberla ejecutado provocó una corrida mediática de desaprobación sólo sostenida por algunos empresarios que decidieron ponerle precio a la soberanía nacional (como si sólo les perteneciera a ellos): 500 mil dólares que es lo que proyectan perderían (no que perdieron) en el caso de que más cruceros británicos provenientes de las Islas Malvinas pidan amarre en el puerto de Ushuaia. Como la argumentación económica les sonó pueril hasta a ellos mismos, viraron hacia otras interpretaciones. El eje del falso debate es el concepto de “recurso natural”. Argumentan los detractores que el turismo no es un recurso natural. Sobre este punto fue el mismo Martín Buzzi, gobernador de Chubut, quien pretendió levantar las banderas de la defensa de los derechos mezquinos de unos pocos comerciantes (la mayoría sabe que el turismo no sólo vive de los cruceros y que los cruceros provenientes de Inglaterra no superan el 10 por ciento) pero a la vez fue quien, sin querer, le puso fin a la farsa cuando aseguró que en sus puertos podrían amarrar los buques ingleses que Ushuaia expulsara. No hizo falta mucho para cerrarle la boca a los exponentes de la retórica cipaya: la misma Constitución de la Provincia del Chubut, en su artículo 86, considera al turismo “como un medio de acceso al patrimonio cultural y natural”. ¿Hace falta explicarle que patrimonio y recursos son sinónimos? Además, un párrafo que sólo se agregó en esa provincia especifica que “están sujetos a la prohibición de amarre y abastecimiento los buques que realizaran “tareas no permitidas por autoridades argentinas”. De manera que la simple aplicación de la Ley Gaucho Rivero en Tierra del Fuego obliga su cumplimento en el Chubut.
PROYECCIÓN DE LA LEY
La ciudad de Viedma y diputados provinciales de Bariloche quieren una norma Gaucho Rivero para Río Negro. En la provincia de Buenos Aires, la solicitan los municipios de Las Flores, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. También Mar del Plata y Necochea junto a La Plata, Berisso y Ensenada, que ya se habían pronunciado. Además, el intendente de Ushuaia, Federico Sciurano, y los representantes de la Cámara de Turismo, más Veteranos de Guerra, le solicitaron a la Cancillería que pida a los países vecinos solidaridad con el bloqueo fueguino impidiendo el amarre a los buques que sean expulsados de Tierra del Fuego.
* Integrantes de La Resistencia Patriótica, un colectivo social de origen fueguino compuesto por veteranos de Guerra de Malvinas, familiares de caídos en combate, militantes autoconvocados y dirigentes gremiales y sociales. En diciembre de 2007 comenzaron a golpear puertas, visitaron cada puerto del Litoral, desde Ushuaia hasta Buenos Aires, tejiendo una red de voluntades que los identifica en un punto común: lucha pacífica pero lucha al fin contra la potencia colonialista invasora. En 2011 lograron que se sancione la ley de bloqueo a barcos británicos (Gaucho Rivero). Ahora pelean por la repatriación del Yehuin, buque hospital en la guerra que encontraron en el Puerto de Montevideo con bandera uruguaya.
Nación por medio de la Cancillería pidió a la gobernadora Ríos que reglamente la Ley Gaucho Rivero, que se de cumplimiento a decretos nacionales y no se prohíba a los cruceros que hacen escala en Malvinas recaladar en la provincia. Esta apoyo de Nación podría significar un cambio que mejoraría el resto de la temporada turística que ya sufrió la perdida de mas de 20 mil turistas por esta medida que solo se aplica en TDF y no en el resto del país.
Desde Nación se garantizó el "máximo apoyo para que Ushuaia sea puerto de entrada a la Antártida" y por eso pidieron que la reglamentación se ajuste al decreto nacional 256 que establece que las embarcaciones deben pedir permiso a la "autoridad nacional competente".
La reunión fue encabezada por el Director General de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Javier Esteban Figueroa. También participó Kellie Meiman, representante de los inversores de Holland America Cruise Line, una de las principales empresas de cruceros turísticos.
Además, en las oficinas de la Cancillería, estuvieron presentes funcionarios del INFUETUR y del Municipio de Ushuaia.
Fuentes del sector turístico habían anticipado la llegada a Buenos Aires y Ushuaia de Meiman, preocupada por las últimas cancelaciones de cruceros en Ushuaia y el anuncio de otras empresas de levantar todas las recaladas de la temporada.
Meiman solicitó un encuentro para poder transmitir a la Holland America Cruise Line cuál era la situación real ante la llegada de cruceros de esa firma a la capital fueguina.
Figueroa le transmitió una "postura contundente". Cancillería "no coincide con la interpretación de la ley, que está perfecta como está, y que en ningún caso habla de cruceros", señalaron a este medio las mismas fuentes.
El funcionario nacional explicó que el Decreto nacional 256 "es claro al respecto y es el gobierno nacional el que quiere seguir ejerciendo jurisdicción a través de las autorizaciones a los cruceros".
En su artículo 1 establece que "Todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos, y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deberá solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional competente".
De esta manera, reiteró que la postura de la Nación es que el Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego ajuste la reglamentación de la ley Gaucho Rivero a esa norma.
La ley Gaucho Rivero, sancionada en Tierra del Fuego y replicada en provincias con litoral marítimo, señala la prohibición de la "permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia, que realicen tareas relacionadas con la exploración, explotación de recursos naturales, buques militares, dentro del ámbito de la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina".
Tras prohibir la entrada de dos cruceros en febrero pasado, la gobernadora Ríos reglamentó la ley considerando a la "explotación de recursos naturales" a los "servicios turísticos".
La prohibición a los cruceros provocó en Ushuaia pérdidas millonarias en los sectores logísticos, comerciales y turísticos.
Durante la reunión, Cancillería además garantizó el máximo apoyo nacional para que Ushuaia sea el puerto de entrada a la Antártida.
Meiman "quedó gratificada por la reunión con las autoridades nacionales, está transmitiendo a sus representados que es una muy buena señal de la Argentina".
La Ley Gaucho Rivero parece que solo se aplica en TDF y contra los cruceros, puesto que Nación autorizo el ingreso de un buque ingles que traía gas importado comprado a una empresa británica.
En medio de la escalada diplómatico con Gran Bretaña por la soberanía de Malvinas y la aplicación en TDF de la Ley Gaucho Rivero, un buque tanque británico ingresó al puerto de Ingeniero White, para aportar gas al sistema nacional. Se trata del British Ruby, que pertenece a la petrolera British Petroleum, con sede en Londres.
El British Ruby fue el encargado de regasificar en el muelle de Compañía Mega, una firma controlada por YPF, 55.000 toneladas de gas natural licuado e inyectarlas a las redes que alimentan a las industrias y los hogares residenciales del país.
El metanero, que cargó dos semanas atrás el fluido en Trinidad y Tobago, pertenece a la petrolera British Petroleum, con sede en Londres. Botada en 2008, la nave llegó al estuario de Bahía Blanca y porta la bandera de la Isla de Man, un archipiélago ubicado en el Mar de Irlanda que depende de la corona británica.
El cargamento de GNL del British Ruby es el tercero que arriba en el año a Ingeniero White y el primero de los cinco que BP se adjudicó en diciembre pasado en la licitación internacional convocada por Enarsa.
En esa compulsa, BP y la japonesa Marubeni obtuvieron, por primera vez desde que hace cuatro años nuestro país comenzó con las importaciones de gas licuado, una porción de los embarques licitados por la empresa estatal.
Ambas compañías se agregaron así a los proveedores tradicionales del negocio como Repsol-YPF, Excelerate, Morgan Stanley y Gas Natural. Tras esa primera adjudicación de 55 cargamentos para 2012, Enarsa convocó a una segunda compulsa que quedó trunca, según trascendió de fuentes de esa empresa, por los valores elevados propuestos por los oferentes.
Sin embargo, en el mercado se dijo que la operación se cayó por la escasez de caja del Estado, que debe afrontar los pagos en efectivo y en dólares.
Este incremento en la compras de gas en el exterior, un 20% superior a las de 2011, ya comenzó a impactar en las boletas domiciliarias.
Para mas informacion: Foro Ley Gaucho Rivero
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